Martes 4 de marzo de 2008, Miami, Florida: El Juez Federal Adalberto Jordan ha dictado hoy sentencia por daños y perjuicios contra Telmo Hurtado Hurtado condenándole a pagar a las demandantes Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón 37 millones de dólares por el brutal asesinato de sus familiares en la masacre que tuvo lugar en Accomarca el 14 de agosto de 1985.

La demanda fue interpuesta el pasado año por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA por sus siglas en inglés) en nombre de Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón ambas supervivientes de la masacre.

El Juez Jordan dejó establecida con anterioridad la responsabilidad del acusado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas y asesinato. Ambas demandantes conmovieron a la corte con un desgarrador testimonio en el que describieron como 69 miembros de su comunidad en Ayacucho, entre los que se encontraban sus madres y sus hermanos, fueron brutalmente torturados, las mujeres violadas y todos ellos, incluyendo niños y ancianos, quemados vivos a manos del Mayor Hurtado y los soldados bajo su mando.

En la contundente sentencia el juez señala "como regla general una vida humana no puede estar sometida a una valoración económica. De hecho, asignarle una cantidad económica amenazaría con abaratarla dado lo obviamente inadecuado que esto es, al igual que ocurre con el sufrimiento humano. Sin embargo y con el fin de señalar daños y perjuicios, es todo lo que esta corte puede hacer".

El pasado 11 de febrero, el Mayor del ejército Telmo Hurtado compareció ante la corte por orden judicial vistiendo grilletes y se negó a participar en la audiencia invocando su derecho a no testificar. Hurtado se negó también a escuchar el testimonio de las demandantes quienes se desplazaron hasta Estados Unidos con el fin de prestar testimonio.

Además de las demandantes testificaron sobre el terrible crimen y la participación en el mismo del Mayor Hurtado, Eduardo González del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés) - editor del capitulo del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR) dedicado a la masacre de Accomarca - y Javier Diez Canseco ex senador de Perú, prominente defensor de los derechos humanos y miembro de la comisión del senado que investigó la masacre e interrogó a sus responsables en septiembre de 1985.

Perú sufrió durante más de veinte años una guerra civil que enfrentó a las Fuerzas Armadas y a grupos armados insurgentes. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad más de veinte mil personas perdieron la vida.

Almudena Bernabéu, abogada internacional y miembro del equipo legal de CJA ha señalado: "La masacre de Accomarca fue el primer hecho de esta envergadura que tuvo lugar en Perú en la década de los ochenta. Este hecho puso de manifiesto que el presidente Alan García y las Fuerzas Armadas peruanas adoptaron un patrón de lucha contra el terrorismo en el que no se iba a tener en cuenta la vida o la seguridad de miles de civiles inocentes. Esta sentencia es muestra del coraje de nuestros clientes y del responsable ejemplo de lucha contra la impunidad que, junto con el enjuiciamiento del ex presidente Alberto Fujimori, los peruanos están dando al mundo".

CJA es una organización de abogados expertos en derechos humanos, sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, California y dedicada a luchar contra la impunidad a través del enjuiciamiento en tribunales nacionales de crímenes internacionales y violaciones a los derechos humanos. CJA trabaja para que se establezca la responsabilidad individual de los acusados y con ello avanzar el derecho internacional y su eficaz aplicación con todas las garantías.

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