CONFLICTO ARMADO INTERNO
A partir de la década de 1960 se inicia el conflicto armado interno,
que en su primera fase involucra movimientos guerrilleros, organizados y dirigidos
en principio por ex oficiales del Ejército, expatriados por los Liberacionistas
en 1954, centrados sobre todo en el oriente del país y en algunas partes
de las tierras bajas del norte, que en los inicios de 1970, tendría su
primera derrota.
La efervescencia política para el año 1963, promovió la toma del poder a través de un golpe de Estado de la institución armada, con el respaldo de una coalición de partidos, entidades empresariales y gremiales, cámaras y asociaciones, así como de la embajada norteamericana, impulsando al entonces ministro de la defensa como la figura presidencial, y vetando la participación de otros partidos en la política. A la vez que fue derogado el orden constitucional, creando decretos específicos que involucraban la persecución selectiva, que defendían la seguridad del Estado ante los “comunistas”, juzgándolos por tribunales militares. El proyecto desarrollista preconizado por las agencias internacionales, implicó una mayor intervención del gobierno en las actividades económicas, ensayando una industrialización incipiente, e impulsando la colonización de áreas algodoneras en el sur oriente del país.
La segunda fase iría desde inicios a mediados de la década de los 1970, cuando el movimiento guerrillero logra articularse de nuevo reiniciando actividades en todo el país, pero principalmente en el altiplano occidental, logrando niveles relativamente elevados de apoyo entre la población. El mantenimiento del poder por medios extralegales y la utilización del aparato estatal para fines económicos propios, en una política de continuidad de guerra que persiguió y aniquilo a miles de guatemaltecos, .recibiendo asesoría técnica y armamento de Estados Unidos, Argentina, Taiwan e Israel mientras las fuerzas guerrilleras se encontraban para la primera mitad de la década 1970.
La crisis de contradicciones políticas que exacerbadas en la impunidad, racismo, corrupción y violencia extendieron el brazo del terrorismo de estado con el asesinato de dirigentes de la iglesia y sindicalistas, e integrantes de organizaciones populares de distinto orden, abriendo el camino para el reaparecimiento de organizaciones anticomunistas de corte clandestino y paramilitar. Ascendiendo la escalada de muertes, que de acuerdo al proyecto REMHI, superaba los 7000 asesinatos y secuestros políticos durante esa época.
La tercera fase iría
desde fines de la década de 1970 a mediados de la de 1980, cuando el
Ejército desarrolla una amplia estrategia contrainsurgente que implicó
represión a gran escala en todo el país, y numerosas masacres,
sobre todo en el altiplano. En un inicio se registran masacres selectivas en
distintos puntos del país, continuando de manera aún mas intensa
en los años siguientes, tomando un carácter masivo, que termino
de desarticular las organizaciones populares. El inicio de este ciclo queda
marcado por la masacre de campesinos y funcionarios en la Embajada de España,
cerrando así las posibilidades de lucha pacifica para la organización
popular.
PROCESO DE PAZ – ACUERDOS DE PAZ
La cuarta y última fase podría ser denominada de ‘pacificación’
(lo cual no implica que haya cesado la represión), e iría desde
1985 hasta 1996, es decir desde la concentración y reasentamiento forzoso
de numerosas comunidades hasta la firma del Acuerdo de Paz en 1996. La prolongación
de la lucha condicionó una perspectiva militarizada de la crisis política
e hizo que se buscaran soluciones a la misma desde posiciones militares. Eso
se daba en un complejo contexto, en el que la política exterior norteamericana
se jugó en doble vía, favoreciendo al mismo tiempo procesos electorales
y la guerra, financiando ejércitos regulares e irregulares.
La crisis política coincide con la crisis económica, para la cual el Estado militar no tenía soluciones a largo plazo. Las medidas en el plano político fueron, básicamente, reducir el conflicto armado a su mínima expresión (especialmente en el plano territorial) e iniciar un proceso gradual de apertura democrática condicionada, sobre todo a partir de 1985. Ese año es decretada la Constitución vigente en la actualidad, y se convoca a elecciones, iniciándose así un nuevo ciclo de gobiernos civiles, aunque en los mismos el componente militar continúa conservando altas cuotas de poder real y formal.
En el plano económico, no se lograron implementar medidas que solucionaran la situación, en parte porque la crisis económica no fue interpretada como una manifestación del agotamiento del modelo agroexportador, sino como algo pasajero. En todo caso, es durante los últimos gobiernos militares que se toman las primeras medidas de lo que luego sería llamado ‘ajuste estructural’ durante los gobiernos civiles. Aunque en el discurso y en la superficie las políticas económicas de cada gobierno civil han variado enormemente, no puede negarse que las grandes líneas son dictadas por los organismos financieros internacionales para facilitar la inserción del país en la economía global, la misma existencia del proceso de paz es en parte determinada por esto.
CEH
Probablemente resulte imposible establecer con total certeza la cantidad y
tipo de daños que la guerra causó al país. El informe
de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (constituida a partir
de uno de los acuerdos de paz) calcula cifras superiores a los 200,000 muertos,
aunque existe una alta posibilidad de que dicha cantidad haya sido superada
ampliamente, sobre todo si tomamos en cuenta que las personas ‘desaparecidas’
no son generalmente contabilizadas como ‘muertas’. A esto deben
añadirse los daños materiales (destrucción de comunidades
enteras, de cultivos y otros bienes), los daños psicológicos
(síndrome de estrés postraumático, duelo no resuelto,
suicidios, susto), y muchos otros elementos, entre los que puede contarse
el desplazamiento forzoso de cerca de 1 millón y medio de personas.
Además de los hechos debidos directamente a combates armados, ambas fuerzas armadas (guerrilla y Ejército) cometieron numerosos hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que no son justificables desde ningún punto de vista. Sin embargo, las cifras hablan por si mismas: un 93% de los casos consignados en el informe CEH son responsabilidad del Ejército o de grupos paramilitares (Patrullas de Autodefensa Civil, Escuadrones de la Muerte, etc.) que actuaban bajo el mando o en coordinación con el Ejército.
La recién terminada guerra es sin duda
alguna el acontecimiento de mayor importancia en la historia del siglo XX
en Guatemala. No estuvo determinada solamente por factores nacionales, ya
que en determinado momento era uno de los escenarios donde se desarrollaba
la ‘Guerra Fría’ (recordemos que en los años 80,
Centroamérica era considerada como uno de los ‘puntos calientes’
a nivel internacional, al igual que lugares como Afganistán o Angola,
por ejemplo). Sin embargo, no pude interpretarse solamente en términos
geopolíticos, ya que las condicionantes históricas locales determinaron
la forma que este conflicto tomó.
De allí la importancia de investigar exhaustivamente este período
histórico, no solamente por interés científico de conocer
‘la verdad’ sobre esa época, sino por la importancia que
ello tiene en relación al resarcimiento de las poblaciones afectadas,
a la dignificación de las víctimas y a la construcción
de una verdadera paz, de una reconciliación nacional no basada en el
perdón y en el olvido, sino en la justicia y la memoria de lo sucedido,
como bases para un verdadero perdón. Es en este marco en el que se
inscribe el trabajo de la Fundación de Antropología Forense
de Guatemala.